Instituto Antártico Chileno

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110 años de la concesión Benavides

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Publicado
26 de dic del 2012

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El próximo 31 de diciembre cumplen 110 de años desde que el presidente Germán Riesco firmara una concesión de pesca en favor de Pedro Pablo Benavides, acto administrativo con el que, según el historiador Mateo Martinic, “se iniciaba formalmente la jurisdicción nacional sobre las aguas y tierras antárticas”. A continuación, reproducimos un fragmento del libro “La Antártica Chilena” (1944), del ex embajador y director del Instituto Antártico Chileno Óscar Pinochet de la Barra, que entrega información sobre los antecedentes y alcances de la llamada “concesión Benavides”.

La Antártica Sudamericana fue conocida por los españoles durante la Colonia; así lo afirma Charcot, y últimamente hemos encontrado un nuevo e interesante antecedente sobre la materia. En el Derrotero Antártico de los Estados Unidos de América, se lee lo siguiente: “Hay una razón para creer que las Shetland del Sur fueron frecuentadas por antiguos navegantes. Fildes, en sus notas de viaje de 1824, al describir la ensenada Sheriff, dice: ‘Si se camina en tierra se puede encontrar una excelente playa arenosa, de 3/4 de milla de largo, que tiene una forma elíptica, y cuya bahía se llama de la Media Luna. Aquí se encontró el cepo de un ancla, con anillos de hierro y pernos de cobre; soporte de velas, mástiles y otros restos náufragos fueron hallados igualmente, así como diferentes signos del desastre que sufrieran desafortunados navegantes. Este cepo, que fue llevado a su país por el Capitán Smith para confeccionar con él un cofre, se identificó y probó pertenecer a un navío español que iba rumbo al Cabo de Hornos, con 1.400 hombres, para luchar contra los patriotas, y del cual no se supo jamás’”.

Pasaron los años, el histórico Fuerte Bulnes de 1843 atrajo a gran número de chilenos y la recién fundada ciudad de Punta Arenas se convirtió en la avanzada americana hacia la región antártica. De ella partieron los primeros chilenos en demanda de las focas y lobos de un pelo, y cuando las especies se extinguieron en las costas de la Tierra del Fuego, o se hizo grande la competencia, continuaron al Cabo de Hornos, islas Diego Ramírez y Shetland del Sur, en débiles embarcaciones mantenidas a flote a fuerza de coraje en las tormentosas aguas del Estrecho de Drake.

El Dr. Jean Charcot, eminencia científica e intrépido explorador antártico, así lo reconoce en su obra “Le Pourquoi-Pas dans l’Antarctique”, a principios de este siglo: “Es más que probable que las pequeñas goletas chilenas que venían hasta hace algunos años a buscar ese precioso botín en este archipiélago, debían hacer escala ahí (Isla Decepción)”.

El señor Mateo Martinic, luego de investigaciones en el archivo de don Mauricio Braun, nos permite precisar el nombre de algunas de estas embarcaciones loberas chilenas. En julio de 1902, partieron de Punta Arenas, rumbo a las Shetland del Sur, las goletas “Archie” y “Pichincha”, y en octubre de ese año lo hicieron la “Rippling Wave” y un schooner especialmente adquirido en Estados Unidos.

Con el fin de reglamentar la pesca en los mares más australes de la República y de proteger los intereses de los pescadores nacionales, se dictó en Santiago, el 17 de agosto de 1892, una “Ordenanza que reglamenta la caza o pesca de focas o lobos marinos, nutrias y chungungos en las costas, islas y mares territoriales de Chile”. Sus disposiciones principales se refieren a los requisitos que se necesitan para ocuparse de dichas labores, períodos de caza y pesca, etc.

Esta Ordenanza lleva la firma del Presidente de la República, D. Jorge Montt, y del Ministro de Industrias y Obras Públicas, D. V. Dávila Larraín.

Ese mismo año de 1892, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Gobernación de Punta Arenas, servida entonces por el Almirante Señoret, intercambian comunicaciones relativas a la manera de resguardar y confirmar los derechos chilenos en las regiones antárticas situadas al Sur de América, muy visitadas por pescadores de varias nacionalidades. Los términos de las comunicaciones no dejan duda alguna respecto de la soberanía chilena sobre esos territorios.

La concesión Benavides

A pesar de las disposiciones de la Ordenanza de 1892, la vigilancia de los mares australes y antárticos se hace muy difícil y aumenta la pesca clandestina. En estas circunstancias, se presenta al Gobierno D. Pedro Pablo Benavides y pide una concesión de pesca en dicha zona.

Como consecuencia de esta solicitud, se dicta, por el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, el Decreto Supremo N. 3310, de 31 de diciembre de 1902, que dice así:

“Santiago, 31 de diciembre de 1902.

S. E. decretó hoy lo que sigue:

Sección Primera. Nº 3310.

Vistos estos antecedentes en los cuales se demuestra la ineficacia de las disposiciones actualmente en vigencia para establecer la industria de la Pesca en las regiones marítimas australes del territorio nacional, en condiciones de conexión y regularidad que la hagan aprovechable, como lo prescribe nuestra legislación, sólo por los chilenos o los extranjeros domiciliados, y teniendo en consideración:

Que las dificultades para impedir la pesca clandestina por los buques tripulados por los individuos de nacionalidad extranjera no domiciliados en Chile son tanto más graves cuanto más alejadas se encuentran de la acción de las autoridades las regiones en que aquéllas se ejercitan;

Que, sin perjuicio de mantener en los términos de la Ordenanza de 17 de agosto de 1892, la industria de la pesca de lobos marinos, nutrias y chungungos, es de manifiesta conveniencia radicarla sobre bases estables, en la zona marítima más austral, a fin de proteger allí la navegación e iniciar y fomentar la población de esos lugares y educar individuos para la pesquería, tanto más si esto puede obtenerse sin gravamen para el Fisco y procurándose todavía una fuente segura de entradas que, como queda expresado, no es posible hacer efectivas oentro de la reglamentación vigente, dada la deficiencia de los elementos de que se dispone;

Que el solicitante, don Pedro Pablo Benavides G., ofrece tomar en arrendamiento las islas denominadas “Diego Ramírez” y “San Ildefonso”, situadas las primeras en el grado 56° 35’ de latitud y 68° 37’ de longitud y las segundas, en el grado 55° 53’ de latitud y 69° 19’ de longitud, más o menos a 80 millas al sur del Cabo de Hornos, y establecer la industria de que se trata en condiciones favorables para el desarrollo tanto en ellas como en las islas e islotes que se hallan de 20 ó 30 millas al Sur y Sur Oeste de la Tierra del Fuego;

HE ACORDADO Y DECRETO:

Primero. Concédese en arrendamiento a don Pedro Pablo Benavides G., las islas Diego Ramírez y San Ildefonso, situadas las primeras en el grado 56° 35’ de latitud y 68° 37’ de longitud, y la segunda en el grado 55° 53’ de latitud y 69° 19’ de longitud, a 80 millas más o menos al Sur del Cabo de Hornos; y también las islas e islotes estériles que se hallan a 20 ó 30 millas al Sur y Sur Oeste de la Tierra del Fuego. En estas islas e islotes y mar correspondiente, podrá el arrendatario hacer toda clase de pesca, pero sólo en los períodos fijados en la ordenanza de 17 de agosto de 1892 y las que se dicten en lo sucesivo. En ningún caso y por ningún motivo podrá extenderse la pesca para el Norte, más allá de los límites señalados, pero sí podrán efectuarse trabajos hacia el Sur indefinidamente”.

Luego, se imponen al señor Benavides diversas obligaciones, como la de fundar una Estación Naval, mantener un faro de quinto orden, una escuela de pesca, etc.

Termina así el Decreto:

“Décimo sexto. Redúzcase este decreto a escritura pública que suscribirá el Director del Tesoro en representación del Fisco, y don Pedro Pablo Benavides G., por sí, o su representante debidamente autorizado.

Tómese razón, regístrese y comuníquese. —RIESCO.— Ag. Gana Urzúa”.

La importancia de este documento nos ha obligado a transcribirlo en su casi totalidad. De su atenta lectura, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Es un Decreto otorgado por el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones, con todas las solemnidades que la ley requiere, y reducido a escritura pública.

2. Favorece con concesiones pesqueras por un largo número de años a un ciudadano chileno en la “zona marítima más austral del territorio nacional, y persigue fines administrativos bien claros, a saber:

a) “Impedir la pesca clandestina por los buques tripulados por individuos de nacionalidad extranjera no domiciliados en Chile”. ¿En qué zona marítima? En las regiones antárticas chilenas, concurridísimas por pescadores extranjeros, más que en las vecindades del Cabo de Hornos, tan próximo a Magallanes, pues añade que “las dificultades para impedir la pesca clandestina son tanto más graves cuanto más alejadas se encuentran de la acción de las autoridades las regiones en que aquéllas se ejercitan”.

b) Hacer más efectiva en esas regiones australes la soberanía nacional, ya que se pretende “proteger allí la navegación y fomentar la población de esos lugares y educar individuos para la pesquería”.

3. Para que no nos quede alguna duda de que se trata de una concesión pesquera antártica, se fijan los límites de ella, de la siguiente manera: “En ningún caso y por ningún motivo podrá extenderse la pesca para el Norte más allá de los límites señalados, pero sí podrán efectuarse trabajos hacia el Sur indefinidamente. ¿Entonces, para qué se habló de las islas de Diego Ramírez y San Ildefonso y no de las situadas más al Sur? Porque ellas eran en ese tiempo lo más conocido de las regiones subantárticas y el sitio austral más indicado para instalarse permanentemente. Dentro del plan del Gobierno estaba el establecimiento por el concesionario de una estación naval, de un faro, de una escuela de pesca, todo lo cual no habría podido obtenerse si se hubiera arrendado una de las islas Shetland, por ejemplo, más alejadas y con características climatéricas totalmente desfavorables. Esta autorización para “efectuar trabajos hacia el Sur indefinidamente”, tiene más importancia de la que algunos quisieran darle. Basta considerar que la caza de lobos se efectúa no en alta mar sino en playas y roqueríos, y que las únicas islas situadas al Sur de Diego Ramírez son las Shetland del Sur, incluidas, por lo tanto, en la con-cesión. Por Decreto Supremo de fecha 5 de octubre de 1904, se aceptó el traspaso de la concesión Benavides a los señores Jules Koenigswerther y José Pasinovich, quienes se hicieron cargo de ella en las mismas condiciones en que la tuvo el primer concesionario. Este Decreto Supremo lleva las firmas del Presidente de la República, D. Germán Riesco, y del Ministro de Industria y Obras Públicas, D. Antonio Muñoz.

Extracto de “La Antártica Chilena”, de Óscar Pinochet de la Barra.